Marcela Aguiñaga, asambleísta de AP, dice que no conoce al detalle las investigaciones de corrupción en las que se involucra al vicepresidente Jorge Glas. En entrevista que responde vía e-mail aclara que la culpabilidad o inocencia se debe establecer siguiendo el debido proceso.

El presidente Lenín Moreno ha afirmado que con el nuevo gobierno recién se inicia una real lucha contra la corrupción, ¿durante la administración de Rafael Correa, en la que usted participó, no se luchó contra la corrupción?.

El Gobierno de Rafael Correa ha sido el único que ha denunciado “casos propios” de corrupción. No se ha encubierto a nadie, gracias a ello muchos de los involucrados ahora están siendo procesados y otros, incluso, han sido condenados. Hemos avanzado, ya no tenemos corrupción institucionalizada repartida en instituciones clave para grupos de poder. Los casos de corrupción recientemente conocidos son puntuales y nuestra postura es que se sancione a los culpables, sobre todo por traicionar la confianza del pueblo ecuatoriano. Hay que recordar que el Presidente Lenín Moreno fue seis años vicepresidente del anterior gobierno y sabe de la lucha frontal contra la corrupción.

La figuras principales de Alianza PAIS (AP) han asegurado que se luchó contra la corrupción, sin embargo investigaciones revelaron un esquema de sobornos que se implementó en las grandes empresas estatales como Petroecuador y para las contrataciones de megaobras como las otorgadas a Odebrecht. Estas serían las mismas prácticas de la partidocracia que ustedes dicen rechazar, ¿por qué caló la corrupción en el país?

Ningún gobierno del mundo está libre de contar con malos ciudadanos que traicionen a su patria y aisladamente abusen de sus espacios para beneficiarse particularmente. Las prácticas de la partidocracia ya no existen: no se hacían hidroeléctricas porque su negocio era la importación de diésel para termoeléctricas, no se hacían escuelas porque en la ignorancia del pueblo radicaba su éxito político, no se reforzaba la seguridad pública porque les interesaba que tengan rentabilidad sus mismas compañías de seguridad. La partidocracia dejaba pasar esto como normal, nosotros combatimos y pusimos las áreas claves al servicio del pueblo; por lo tanto, es uno de nuestros principios la lucha contra la corrupción desde todos los niveles.

¿Por qué el país se ha enterado de la trama de corrupción de Odebrecht y de Petroecuador, por ejemplo, a través de investigaciones independientes como los Panamá Papers o departamentos de justicia extranjeros y no a través de la fiscalización de la Asamblea?

La publicación de Panama Papers fue a partir de una filtración de información por un funcionario de Mossack Fonseca que entregó al Consorcio Internacional de Periodistas, sin este elemento ese entramado de empresas fantasmas no se podía conocer a nivel internacional. El caso Odebrecht se difundió con la delación de uno de los funcionarios de esta empresa, nuevamente, si este hecho no se hubiera dado sería muy difícil conocer estos hechos de corrupción. Ningún delincuente da recibo y más bien trata de ocultar la evidencia. Afirmar que no se ha fiscalizado sería asumir que ningún país mencionado en Panama Papers u Odebrecht lo ha hecho todos estos años. Aquí lo que prima es que las autoridades de justicia sigan los procesos y ningún caso quede en la impunidad.

Hay que recordar que en el anterior periodo la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional realizó una investigación sobre paraísos fiscales y se determinó que habrían irregularidades, no solo de funcionarios públicos sino también de instituciones privadas, por lo que se solicitó a la Fiscalía, SRI, Senescyt y Contraloría tomen las medidas necesarias de acuerdo a sus competencias. En este nuevo periodo aprobamos el Proyecto de Ley para la aplicación de la Consulta Popular del 19 de febrero, propuesta por el expresidente Correa y otras acciones de fiscalización. Hay legisladores y partidos políticos que se opusieron a estas propuestas normativas, al punto de organizar protestas con banderas negras para que no se topen sus intereses.

Afirmar que no se ha fiscalizado sería asumir que ningún país mencionado en los casos Panama Papers u Odebrecht lo hayan hecho todos estos años. Aquí lo que prima es que en la justicia se sigan los procesos”.

El vicepresidente Glas es investigado, debido a informes de Contraloría, por la adjudicación de un campo petrolero a una empresa cuya gerente es hija de Wilson Pástor (exministro de Rafael Correa) y por supuestamente recibir coimas de Odebrecht. Usted lo ha defendido, ¿conoce a detalle las investigaciones?

Desconozco el detalle, pero estamos a favor de que se investigue todo y se siga el debido proceso como en derecho corresponde. De la investigación se desprenderá revisar las culpabilidades o no, quiénes tendrán que determinarlo serán los jueces y no los periodistas o ciertos grupos políticos que únicamente quieren hacer de la política un espectáculo. Se debe respetar la institucionalidad. Lo que sí rechazo es el sainete generado en la Asamblea: el mismo pedido de juicio político al Vicepresidente tuvo como “sustento” recortes de periódicos, extractos de discursos, casos judiciales de Capaya, Álex Bravo, Alecksey Mosquera y no pruebas que vinculen a Jorge Glas. Vivimos un Estado de derecho no de opinión, nuestras leyes son claras y cada quien debe pagar por sus actos, no por los de terceros.

Sus opositores dicen que los dirigentes de AP desvían la atención sobre la corrupción asegurando que son persecuciones políticas y así evitan hablar sobre las supuestas pruebas contra Glas, por ejemplo.

No es cierto, desde Alianza PAIS, con acciones claras, hemos dicho que se investigue y sancione a los corruptos. Más bien los que tratan de desviar la atención son otros grupos políticos que arman show con el único fin de preparar el terreno para su participación en las siguientes elecciones. Nosotros no vamos a permitir que se violen los derechos constitucionales y se desconozca el principio de inocencia del que goza cualquier ciudadano, incluido el Vicepresidente Jorge Glas. Dejaremos que las instancias correspondientes actúen pero lo tendrán que hacer de acuerdo a la Constitución y la ley, no por presiones de nadie.

La partidocracia dejaba pasar esto como normal (corrupción), nosotros pusimos las áreas claves al servicio del pueblo y es uno de nuestros principios la lucha contra la corrupción desde todos los niveles”.

En un informe, la Contraloría estableció una glosa por más de $ 41 millones, a usted, en calidad de ministra del Ambiente, desde 2010 hasta 2012, por cuanto efectuó la propuesta de compra venta al ministerio de Defensa Nacional de 66 lotes de terreno de propiedad del Issfa donde se construyó el Parque Samanes. Este monto, según la Contraloría y la Procuraduría, corresponde al exceso de pago que hizo el Ministerio del Ambiente al Issfa por dichos terrenos. ¿Qué papel tuvo usted en la fijación de esos valores como ministra?

Como Ministra del Ambiente no podía fijar precio alguno, por eso lo hizo la Dirección Nacional de Avalúos y Catastros (DINAC), del MIDUVI, y el Ministerio del Ambiente pagó según lo establecido en el artículo 58 de la Ley de Contratación Pública. El procedimiento fue legítimo y hasta reconocido por juristas como Emilio Romero Parducci, quien publicó dos artículos en este Diario al respecto. Se trata de un proceso de compra-venta entre dos instituciones públicas, por lo cual no existió perjuicio al Estado, ni mucho menos peculado: beneficiar a un particular. Sin embargo, cierta prensa y actores de la oposición ya me declararon culpable por una predeterminación de la Contraloría que no es una sanción definitiva, pues presenté mis pruebas de descargo siguiendo el debido proceso.

Usted colaboró con el estudio jurídico de Heinz Moeller, dirigente del Partido Social Cristiano, antes de ser parte de Alianza PAIS. Exmiembros de AP cuestionan que usted sea crítica de los actuales diálogos que mantiene el Gobierno debido a su vinculación con Moeller. ¿Su ideología política es de derecha o izquierda?.

Se trata de un estudio jurídico, no es una organización política, en donde presté mis servicios profesionales en el área ambiental en el año 2004. El mismo estudio jurídico, el 07 de julio de 2017, envió una carta a El Universo pidiendo la rectificación de una nota tergiversada, aclarando que cuando se dio mi ingreso al servicio público me desvinculé de esa empresa. He tenido una sola afiliación política y es con Alianza PAIS. No hay pedigrí para considerarse de izquierda o derecha, es necesario saber quiénes son esos exmiembros de AP y por qué salieron. En lo personal, me inclino por la izquierda progresista, un país debe generar riqueza para tener qué redistribuir, basado en la justicia social.

Usted ha dicho que el presidente Moreno tiene un pacto con el bucaramato y que se les ha entregado las eléctricas; además, hace pocos días denunció que su hermano fue separado de CNEL por supuestas represalias. ¿Si su hermano fue funcionario de carrera, como usted dice, solo es coincidencia que haya ingresado en 2007?.

No afirmé que existe un pacto con el Bucaramato, lo que pedí públicamente es que se investigue y dé respuesta a la militancia de Alianza PAIS que tampoco ve con buenos ojos un acuerdo de nuestro Gobierno con quienes representan lo más nefasto de la historia política del Ecuador. La petición fue que se aclare respecto de gente vinculada a los señores Bucaram en la última campaña, que entraron a gobernar en la CNEL. Ahora, si usted pretende encontrar nepotismo en que mi hermano haya trabajado en esa institución le recomiendo revisar la LOSEP y su artículo 6.

Yo ingresé al Ministerio del Ambiente a fines del 2007, mi hermano fue contratado antes como abogado en la Unidad de Negocio Santa Elena y recientemente estuvo como director jurídico en la Unidad de Negocio Guayas – Los Ríos, en virtud de sus méritos.

Los primeros pasos (para la reconciliación entre Moreno y Glas) se dieron dentro de un marco de diálogo y nuestra aspiración es tener resultados positivos. AP nació con ideales y principios que no pueden trastocarse”.

El excandidato presidencial por Fuerza Ecuador, Abdalá Bucaram Pulley, en rueda de prensa, afirmó que su padre tiene millonarios contratos en CNEL y que su hermano servía de nexo para obtener los mismos. ¿Qué dice al respecto?.

Rechazo contundentemente dichas acusaciones. Yo ya aclaré en su momento que es falso, el señor Bucaram miente y hoy le invito a que demuestre si mi padre tiene contratos. Todos sabemos el nivel de politiquería de los señores Bucaram y lo que representan: plata del pueblo en costales de yute, nepotismo descarado, sepultaron a la alcaldía de Guayaquil convirtiéndola en vergüenza nacional. En la última elección presidencial apenas obtuvieron el 4 % de respaldo; de 137 curules para la Asamblea Nacional ganaron una.

Dirigentes de AP como Gabriela Rivadeneira, José Serrano, Doris Solíz y Ricardo Patiño ha dicho que quieren ser puentes para que el presidente Lenín Moreno y Jorge Glas superen sus diferencias políticas, ¿usted cree que es posible una reconciliación?.

Sí es posible. Los primeros pasos se dieron dentro de un marco de diálogo y nuestra aspiración es tener resultados positivos. Alianza PAIS nació con ideales y principios que no pueden trastocarse; el pueblo ecuatoriano volvió a ratificar su apoyo mayoritario en las urnas a la Revolución Ciudadana, por ello abogamos para que la unidad prevalezca y continuar nuestro proyecto político de transformación de la Patria con justicia y dignidad.

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