El resultado de la audiencia se conocerá en una próxima diligencia, que será convocada por el Tribunal.

La audiencia de recurso de casación, interpuesto por el exvicepresidente de la República, Jorge G., su tío Ricardo R., Carlos V., Édgar A. y Ramiro C., (sentenciados a seis meses) y Képler V., (catorce meses), como autores del delito de asociación ilícita, dentro de la trama de corrupción en el caso Odebrecht, se desarrolló en el octavo piso de la Corte Nacional de Justicia.

Luego de haber escuchado a la defensa de los procesados, a la acusación particular y a la Fiscalía, el Tribunal, conformado por los jueces Daniella Camacho, Iván Saquicela y Wilman Terán, suspendió la diligencia y anunció que notificarán a las partes procesales oportunamente para dar a conocer su resolución.

La doctora Paulina Garcés, representante de la Fiscalía General del Estado rebatió –uno a uno– los argumentos de los abogados defensores. Expresó que la sentencia dictada por el Tribunal de Apelación de la Sala Penal de la Corte Nacional, el 30 de julio de 2018, se encuentra debidamente motivada y que cumple con los requisitos establecidos en la Constitución y en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), es decir es “razonable, lógica y comprensible”.

Agregó que en la sentencia impugnada no se vulneraron los derechos constitucionales ni el debido proceso y que los sentenciados no fueron privados de su derecho a la defensa técnica en ninguna etapa del proceso penal.

Por esas razones, solicitó al Tribunal de Casación que rechace los recursos interpuestos por cuanto carecen de sustento jurídico y pidió que se aplique el artículo 370 del COIP, más agravantes, por lo que la pena podría aumentar a 6 años 6 meses y 6 días.

El caso

La Fiscalía probó que los sentenciados se asociaron ilícitamente con el fin de atentar contra la propiedad pública estatal y cometer delitos contra la eficiente administración pública, para obtener un beneficio económico en cinco proyectos estratégicos: Poliducto Pascuales-Cuenca, Trasvase Daule-Vinces, Proyecto Hidroeléctrico Manduriacu, Refinería del Pacífico-Movimiento de Tierras y Acueducto La Esperanza.

Se demostró que los sentenciados actuaron con dolo, es decir que –con voluntad– decidieron participar en los actos ilícitos, ejercieron el poder de mando, utilizaron personas jurídicas y empresas offshore para los fines del delito.

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