El Fiscal General del Estado, Carlos Baca Mancheno, compareció este 12 de diciembre ante los miembros de la Comisión Aampetra en la Asamblea Nacional, para informar sobre las acciones judiciales adoptadas en las denuncias de violencia sexual a niños, niñas y adolescentes en las instituciones educativas.

Durante su comparecencia, el Fiscal informó que se ha creado la Unidad Permanente de Coordinación, Seguimiento y Apoyo a la Investigación de Delitos de Violencia Sexual, y que cuenta con un protocolo de escucha especializada para evitar la revictimización en estos casos.

Además, Baca manifestó que la Fiscalía ha recibido 714 denuncias de delitos sexuales entre los años 2015-2017 y que realizan una investigación especializada. La Fiscalía cuenta con 226 puntos de recepción de denuncias a nivel nacional, además, con una Unidad de Peritaje Integral que realiza cerca de 5.000 peritajes al año, dijo el Fiscal, quien además enfatizó que ha capacitado a funcionarios del ámbito educativo sobre el sistema de detección de violencia de niños, niñas y adolescentes, el proceso penal, la prevención, etc.

Por su parte, la asambleísta y presidenta de la Comisión, Silvia Salgado, dijo que le “parece fundamental que haya un sistema de protección a víctimas y testigos”.

Según informó Salgado el pasado 16 de noviembre, los 29 casos denunciados en esa mesa fueron remitidos a la Fiscalía para que continúe con la indagación.

“El informe final está en construcción, pues faltan desarrollar algunas acciones en cuanto a comparecencias e investigaciones”, señaló. Por ejemplo, se esperaba la presencia de Carlos Baca, para que informara sobre las acciones emprendidas en los casos denunciados en esta entidad.

Según un cuadro comparativo que presentó Aampetra, desde 2014, en el Ministerio de Educación se reportan 885 denuncias por delitos sexuales. Sin embargo, en la Fiscalía y Consejo de la Judicatura aparecen 714. De ahí que recomendó la necesidad de que estas instituciones se articulen.

De los casos de abuso sexual en colegios y escuela, 383 han sido sancionados por el nivel superior y los otros se han caducado en sumarios administrativos. En estos hechos, la Parlamentaria considera que se debe investigar en qué nivel está la responsabilidad, tomando en cuanta el sistema desconcentrado que maneja el Ministerio de Educación.

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