Christophe Marchand, abogado del expresidente Rafael Correa en el caso del presunto secuestro de Fernando Balda, informó que por primera vez en su trayectoria ganó una demanda a la Interpol, con la cual se suspendió la orden de prisión en contra de su defendido, puesto que se sustentó su inocencia con la presentación de una carpeta donde se argumenta que el juicio no está apegado a derecho, sino que tiene tintes políticos

Marchand detalló que en mayo de 2018, Correa lo buscó para su defensa jurídica en Ecuador, ya que se sentía preocupado por la manera en cómo se estaba llevando a cabo el juicio en su contra.

El 3 de julio efectivamente se emite una orden de detención sobre el exmandatario y ahora luego de argumentar que el proceso no estuvo pegado a derecho, se está esperando la decisión del Juzgado de la Comisión de Control de los Ficheros de la Interpol, que en octubre resolverá si paran de manera definitiva la demanda ecuatoriana.

El jurista señaló que el juicio contra Correa está enmarcado en la trama de persecución que existe en América Latina en contra de exgobernantes, algo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya lo reconoce pues ya hay entre 7 u 8 casos de politización de la justicia, por lo que incluso la Corte Interamericana está revisando los casos.

Se judicializa a los anteriores gobernantes para sacarlos de la palestra política.

Asimismo calificó de barbaridad jurídica el trabajo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T), puesto que a criterio de Marchand se ha dedicado a nombrar a las autoridades de control a dedo.

Porque hay un plan de criminalizar a Correa y a todos quienes le rodeaban y ese desequilibrio institucional nos da la impresión de que los jueces tienen una presión y su independencia está siendo atacada.

De ahí que dijo esperar que los jueces resistan a las presiones porque en sus manos se encuentra el futuro del derecho ecuatoriano, pues bien saben que no hay pruebas de que Correa esté implicado en el secuestro de Balda.

Marchand enfatizó que precisamente en este marco se presentó una querrella ante Naciones Unidas en un documento extenso que recoge las irregularidades del proceso judicial, este será estudiado por un relator especial y hará su pronunciamiento.

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