Uno de los más grandes escándalos del gobierno de Abdalá Bucaram, el de la adquisición de 1.800.000 mochilas escolares a la firma colombiana Promotora de Intercambios, podría tener su epílogo antes de la próxima visita oficial de Ernesto Samper a Ecuador, el 12 de septiembre.

La razón? Existe la firme decisión de los jefes de Estado de los dos países para hacer viable un acuerdo extrajudicial-comercial que permita concluir el negocio, estimado en 40 millones de dólares, pactado entre el Ministerio de Educación del Ecuador y la firma colombiana.

El contrato, declarado nulo por el gobierno de Fabián Alarcón, incluyó además la compra de 100 restaurantes escolares modulares y la edición de seis millones de textos para escuelas fiscales, a distribuirse a lo largo y ancho de la geografía ecuatoriana.

La gestión de buenos oficios está bajo la responsabilidad del embajador colombiano en Quito, Humberto Valencia, y del ministro ecuatoriano de Comercio Exterior, Benigno Sotomayor.

Ambos fueron designados por los presidentes Samper y Alarcón, luego de la cumbre presidencial de Sucre, Bolivia, realizada semanas atrás, pero ha sido evidente que el proceso de acuerdo iniciado no ha marchado con la celeridad esperada.

La historia A finales de 1996 y al amparo de un decreto ejecutivo de emergencia educativa, se dio comienzo a uno de los episodios más bulliciosos y polémicos de la administración Bucaram.

A él se agregarían casi simultáneamente los escándalos en torno a millonarios contrabandos y sobornos en las aduanas, los fraudes en la compra de combustibles y la adquisición de sofisticados equipos electrónicos para espionaje telefónico de los opositores del presidente.

La cadena de episodios de corrupción, tráfico de influencias y comisiones a favor del partido de gobierno ya casi conforman un gran anecdotario de la gestión del loco Bucaram en sus escasos seis meses de mandato y comenzaron a destaparse casi inmediatamente después de que fuera destituido.

La referida emergencia educativa permitió a las autoridades gubernamentales de entonces, encabezadas por el propio Bucaram y su cuestionada ministra de educación, Sandra Correa, prescindir del proceso normal de licitación y concurso de precios entre varios oferentes -como se lo hace habitualmente en las compras de las entidades estatales- y escoger a dedo a la empresa proveedora.

Para el caso de las famosas mochilas, correspondió a la compañía colombiana gerenciada por Antonio José López.

Cerrado el negocio, en el que se señalaron sobreprecios y comisiones por debajo de la mesa la firma colombiana inició la entrega de lo ofertado.

Hasta la fecha las autoridades, a través de las aduanas de Tulcán y Quito, han recibido 800 mil mochilas, 100 restaurantes modulares y 8 unidades médicas, según consta en los registros del proveedor.

El plan de entregas nunca se ha suspendido. El contrato de suministros ha involucrado a 83 empresas colombianas, mientras que el contrato de préstamo ha estado bajo responsabilidad de Bancoldex, que aporta los recursos monetarios.

Las paradojas Para el embajador Valencia, las versiones sobre una progresiva entrega de las mochilas a las escuelas a pesar de existir una demanda de las autoridades ecuatorianas por incumplimiento del contrato, aumentan cada día. Y todo ello a pesar de ser una acción ilegal .

En su opinión, oficialmente el gobierno no puede disponer de lo entregado -sólo se ha realizado un pago parcial de seis millones de dólares- a lo cual se agrega que la Procuraduría carece de información completa sobre las cantidades entregadas .

Hay quienes afirman que se ha producido una sustracción subrepticia de mochilas y materiales de las bodegas de la Aduana, luego de que esta entidad declarara en abandono las entregas realizadas, comentó el embajador.

Ante esta situación, el presidente Alarcón ha instado a sus secretarios de Estados y a la Procuraduría a que agilice un pronto acuerdo, realizando las reuniones que sean necesarias entre las partes en conflicto.

Debe entenderse que el arreglo planteado no se enmarca en el ámbito diplomático y más bien pasa por el pago de la deuda contraída por las autoridades de Ecuador y la entrega de los saldos pendientes.

Pero el proceso judicial continuaría en curso en la Corte Suprema de Justicia.

En el juicio por el caso se mantiene la orden de prisión contra Abdalá Bucaram, Sandra Correa, Miguel Salem (ex secretario general de la administración) y Antonio José López, gerente de Promotora de Intercambios S.A.

Los pagarés del negocio, emitidos por el ministerio de Finanzas de Ecuador y debidamente avalados por el Banco Central, se encuentran en poder de Fiducolombia.

La entrega de tales documentos sólo puede hacerse mediante orden expresa del ministerio de Finanzas una vez se reciba el respectivo visto bueno del ministerio de Educación del Ecuador.

Se espera que las diligencias pendientes se realicen en los tiempos previstos por los mediadores.

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