En un fallo que reafirma una de las decisiones más controvertidas en la política peruana reciente, la Primera Sala Constitucional de la Corte Suprema de Lima ha ratificado la inhabilitación por 10 años para ejercer cargos públicos del expresidente Martín Vizcarra. Esta inhabilitación, inicialmente impuesta en abril de 2021, se originó a raíz del escándalo conocido como ‘Vacunagate’, que sacudió al país en medio de la pandemia de COVID-19.
Vizcarra, quien ocupó la presidencia de Perú entre 2018 y 2020, fue acusado de usar su posición para acceder, junto con su esposa y su hermano, a dosis experimentales de la vacuna Sinopharm en octubre de 2020, en un momento en que la vacuna aún no estaba disponible para la población general. Este hecho fue visto como un abuso de poder que desencadenó su inhabilitación por parte del Congreso.
A pesar de haber sido electo congresista por Lima con más de 165.000 votos, Vizcarra no pudo asumir su cargo debido a esta sanción. Su defensa presentó un amparo en 2021 para anular la decisión del Parlamento, alegando que se habían vulnerado sus derechos constitucionales, pero el Poder Judicial rechazó esta apelación, manteniendo la inhabilitación.
El expresidente, sin embargo, no ha dado su brazo a torcer. Tras este último revés judicial, Vizcarra ha señalado que recurrirá al Tribunal Constitucional mediante un recurso de agravio, argumentando que la sentencia carece de una debida motivación. Este recurso podría ser su última oportunidad para revertir la decisión que lo aparta de la vida pública.
En medio de este panorama legal adverso, Vizcarra no ha dejado de mirar hacia el futuro. En julio pasado, anunció que planea ser candidato en las próximas elecciones generales de 2026, un anuncio que genera incertidumbre sobre cómo podrá llevar adelante su campaña, dado que la inhabilitación, hasta ahora, sigue en pie.
La saga judicial de Martín Vizcarra continúa, y su destino político parece depender, en última instancia, de lo que resuelva el Tribunal Constitucional en los próximos meses.
